Publicado en el periódico Será Justicia durante la cobertura del juicio UP1 (Ed. N° 15. 18 de octubre 2010)

ANÁLISIS • LAS COMPLICIDADES POLÍTICAS CON LA DICTADURA QUE SE CONTINUARON EN DEMOCRACIA

Por Pablo Luro

Los encuentros entre políticos y represores de la policía provincial tienen una larga historia. En Córdoba, las complicidades entre ambos también son fruto de un complejo entramado de poder. Unen pasado y presente de diferentes modos.

Más allá de la centralidad que tuvieron en el mapa represivo cordobés, los represores del Departamento de Informaciones (D2) y su accionar perduraron en democracia por muchos años, pese a que muchos de esos policías figuraban en el informe de Conadep de 1984. Los primeros años de la democracia cordobesa permitieron la continuidad en la fuerza de represores que hoy son juzgados por cometer delitos de Lesa Humanidad.

El pasado martes 5 de octubre, José Salvador Quiroga (el testigo Nº 80) manifestó ante el tribunal una declaración encorsetada puntualmente en un hecho en el que tuvo un rol protagónico. Reguló a conciencia sus palabras, recordando poco, casi a cuenta gotas. Pero sus palabras dejaron una certeza en la sala de audiencias: por más que se puedan confundir, son diferentes las “informaciones sumarias” y los “sumarios administrativos” dentro de la policía. Son procedimientos burocráticos de sanción policial con diferente gravedad que afectan en la salida de la fuerza según se aplique uno u otro.

Según afirmó el especialista en sumarios policiales (retirado en 1997, como  Jefe de Asuntos Internos), las informaciones sumarias son para inconvenientes de menor relevancia, mientras que los sumarios son para denuncias mayores y deben ser resueltos por la autoridad máxima de la Policía. Del mismo modo, el testigo no dejó ninguna duda y afirmó que la denuncia que había sufrido Carlos Yanicelli, jefe de inteligencia del gobierno radical de Mestre, fue una información sumaria. Quiroga era el responsable de su realización.

El gobierno radical dijo enterarse del accionar represivo de Carlos Yanicelli por las denuncias de Luis Urquiza en 1997. El represor, habiendo ascendido de modo constante en años democráticos, llegó a ser el tercer hombre en el organigrama policial, ocupando el cargo estratégico de Jefe de Inteligencia. Ahora bien, resulta imposible llegar a ese lugar sin la confianza de quien era jefe de la Policía de Córdoba, Máximo Lascano, y del entonces ministro de Relaciones Institucionales, Oscar Aguad.

A fines de ese año, le dan el retiro a Carlos Yanicelli con una buena jubilación garantizada. Pero siguieron en la policía otros 100 hombres que participaron en la inteligencia a lo largo de la dictadura. Fue la moneda de cambio de las denuncias de Luis Urquiza por lo sufrido en el D2: correrlo al Tucán para que todo siga igual. De este modo, Urquiza tuvo que partir nuevamente al exilio, pero esta segunda vez, en plena democracia.

POLÍTICAS  Y  POLICÍAS

La diferencia entre optar por un informe sumario y el sumario administrativo denota una opción política frente a la denuncia concreta de Urquiza.

Ante la denuncia, el gobierno radical optó por una salida administrativa que respaldaba implícitamente al represor. Entre las opciones burocráticas, se inclinó por la que le permitiría quedar bien con ambas partes, apartando de modo ligero al actual imputado de 10 casos de torturas y 6 homicidios Carlos Yanicelli, pero con un pase a retiro, de manera que siguiera perteneciendo a la fuerza.

El actual diputado nacional por el radicalismo, Oscar Aguad, le dijo por esos días a Urquiza que «no podía hacer una sangría dentro de la policía porque se le levantaría la guardia de infantería». Así de tajante, quien era el responsable de la Policía provincial respaldó a Yanicelli por unos meses, hasta que finalmente fue retirado. El mayoritario grupo de represores quedó en actividad.

Aguad, en un curioso ejercicio de la memoria selectiva, esgrime su versión de los hechos en su página de internet: no recuerda los hechos que se investigan en este juicio. Paradójicamente, sí recuerda que a partir de las denuncias de Luis Urquiza ordenó el inicio de un sumario por el que se retira a Yanicelli de la fuerza. Aclara que a Urquiza se le brindó protección y que en noviembre de 1997 “se fue del país” (www.oscaraguad.com).

En el juicio Videla, el testigo José Salvador Quiroga desmintió los términos del encargado político de la Policía, por lo que se ha solicitado que el diputado declare ante el tribunal y aclare la situación. En un proceso judicial tan complejo, la investigación sobre causas relacionadas al terrorismo de Estado reabre constantemente debates inacabados. Las duraderas relaciones entre las estructuras políticas y represivas en tierras cordobesas es una de esas cuestiones que aún están pendientes.